Según la Corte Penal Internacional (CPI), si se sanciona a las empresas que derraman petróleo, se tomarían medidas preventivas.
Procedimiento legislativo de la CPI
En el caso de Amazona, una empresa petrolera está derramando crudo, causando daños y pérdidas a la población y su entorno. En los Andes, una empresa minera está secando las fuentes de agua, afectando a personas, animales y campos. Si el "ecocidio" existe y se legaliza, los responsables podrían ser perseguidos penalmente. Es valioso reforzar la capacidad de la CPI para perseguir a las grandes empresas por los daños medioambientales y hacerlas responsables y penales, afirma un eurodiputado belga de Los Verdes. Se espera que en abril los eurodiputados voten un informe que se enviará al ejecutivo de Bruselas para que incorpore esta acción a su legislación. A continuación, se ampliará a nivel internacional. En la Unión Europea (UE) se persigue el tráfico de animales protegidos y la liberación de sustancias tóxicas en el aire, el suelo y el agua.
La forma más dañina de ecocidio
Según Interpol, el tráfico de especies protegidas es el tercer comercio ilegal más lucrativo del mundo. Hay que tener en cuenta que América Latina tiene el 40% de la biodiversidad del planeta y que, según datos del Word Wide Fund (2018), el 83% de la vida animal y el 20% de la Amazonia han desaparecido desde los años 70.
Jean Bricmont, físico teórico, afirma que se trata de un "patrimonio mundial" y que elaborará un informe sobre la biodiversidad y el papel de la UE en su conservación. Si pasara a formar parte del derecho internacional, se añadiría a crímenes como los de lesa humanidad, guerra y genocidio. Aunque se necesitarían más de dos décadas para establecer este delito, las actuales crisis sanitaria y climática han nivelado el terreno de juego.
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